Economía

23 millones de euros del remanente de tesorería para pagar sentencias

Según explican desde el Ayuntamiento, la anterior corporación dejó sin pagar varias sentencias firmes que ahora debe asumir el gobierno actual.

 

A propuesta de la concejala de Hacienda, Candelaria Testa, se van a destinar 23 millones de euros del remanente del ejercicio 2019 al pago de sentencias procedentes de la anterior legislatura, pero por hechos que se remontan a los años 2010 y 2011, en los que gobernaban los socialistas. Testa explica que esta cantidad, "en lugar de ir a planes de asfaltado o inversiones absolutamente necesarias en barrios e instalaciones municipales, lamentablemente deberá ser aplicada al cumplimiento de sentencias firmes derivadas de la nula gestión del Gobierno anterior”.

De este modo, se incorporarán 23,1 millones de euros al capítulo de expropiaciones de terrenos. De ellos,18,2 se destinarán a un fondo de previsión de la ejecución de sentencia relativa al Parque de Las Presillas; y 4,9, a la ejecución de sentencia del barrio de Fuente Cisneros.

Parque de Las Presillas

En el caso del Parque de Las Presillas, la concejala ha recordado que “el Gobierno socialista configuró el espacio para potenciar sus características y beneficios para la ciudad, como un parque periurbano”. Para ello, “se traspasó edificabilidad, de común acuerdo con los propietarios de los terrenos, al Distrito Norte. Esta cuestión se invalidó cuando este desarrollo de la zona norte de la ciudad se declaró nulo en los Tribunales sin que el Ayuntamiento de Alcorcón, entonces gobernado por David Pérez, tomara parte en el proceso, ya que el consistorio se negó a comparecer en el procedimiento para defender los intereses de la ciudadanía”.

Barrio de Fuente Cisneros

El caso de Fuente Cisneros hace referencia a la finca en la que, gracias a Fondos del Plan E, se construyó un centro cívico y un parque en 2009. El Ayuntamiento , en la época del PSOE; llegó a un acuerdo con la propiedad para realizar una permuta de terrenos en Ventorro del Cano. “Esta operación, valorada en 3 millones de euros, fue muy beneficiosa para la ciudad ya que no sólo no repercutía ningún gasto para las arcas municipales, sino que, además, los propietarios tenían que ingresar una pequeña cantidad, puesto que las cuatro parcelas cedidas en permuta estaban valoradas en algo más que la de Fuente Cisneros”, ha recordado.

Además, esta operación se llevó a término en varias Juntas de Gobierno, en concreto en octubre de 2010 y marzo de 2011. Sin embargo, cuando el PP accedió al Gobierno decidió paralizar el procedimiento. “Tras la denuncia de los propietarios en 2013 por la inacción del Gobierno popular, ahora acabaremos pagando cinco millones en fondos líquidos del Ayuntamiento”, explica Testa.